Una madre actúa después de que su hijo de 5 años fuera asfixiado en la escuela

Pamela Ononiwu dijo que no podía creer sus ojos cuando fue a la Escuela Primaria Fairview en Fairfax Station, Virginia, para recoger a su hijo de 5 años para una cita con el dentista el 3 de octubre de 2018.

Antes de que pudiera llegar al vestíbulo cercano al despacho del director, donde le esperaba su hijo, pudo oírlo angustiado.

"Para mi sorpresa y horror, me encontré con que mi hijo estaba siendo estrangulado", recuerda Ononiwu, de 37 años. "Este oficial de recursos escolares lo estaba sujetando en un ángulo de 90 grados. Mi hijo seguía intentando dar patadas para zafarse, y el agarre se hacía más fuerte".

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"Le dije repetidamente que dejara ir a mi hijo. Tenía miedo porque pensaba: '¿También moriré de un disparo por intentar salvar a mi hijo? Pero le dije que valía la pena porque no voy a estar aquí y dejar que mi hijo muera o se desmaye delante de mí", dijo la madre de tres hijos. Al final, el oficial de la escuela empujó al niño y lo dejó ir.

El personal había llamado al agente para que se ocupara del niño de preescolar, que tiene TDAH, porque estaba cantando demasiado alto en la clase de español y no paraba, dijo Ononiwu. Funcionarios del distrito escolar no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de NBC News.

Después del incidente, Ononiwu dijo que se enfrentó al director de la escuela, a los funcionarios del distrito escolar y a los miembros del consejo escolar sobre el incidente, pero dijo que nadie la escuchó.

"A nadie le pareció atroz que un niño estuviera asfixiado. Nadie tuvo empatía", dijo Ononiwu.

Dijo que el incidente y la aparente apatía de los funcionarios escolares la animaron a demandar al sistema escolar, a presentarse como candidata al consejo escolar del distrito y a luchar para acabar con los protocolos de restricción y aislamiento en las escuelas.

Ononiwu es uno de los tres padres que se unieron a una demanda en la que se acusa al sistema escolar de 187.000 alumnos de infligir "traumas psicológicos" y "daños físicos" a los estudiantes con discapacidades mediante el uso de sujeciones y reclusión para "silenciar, detener, segregar y castigar" a los niños. Ononiwu dijo que las partes acordaron recientemente llegar a un acuerdo en la demanda, con una compensación monetaria y cambios drásticos en la política escolar. Un abogado de los padres en la demanda se negó a comentar el acuerdo pendiente.

"Hay alternativas. Hay otras formas de hacerlo. Si se afirma que un niño tiene cosas que trabajar, la solución no es meterlo en una habitación. Si hiciera eso en casa, llamarían a los Servicios de Protección de Menores, así que no entiendo por qué se permite en las escuelas", dijo.

"Tanto mi hijo como mi hija han sido sometidos a restricciones y reclusión", dijo. "Un día arrastraron a mi hija. Mi hija me dijo que la arrastraron a una habitación; sus zapatos estaban en el pasillo".

En una declaración de octubre de 2019 en la que se abordaba la demanda, el superintendente de las escuelas públicas del condado de Fairfax, Scott S. Brabrand, dijo que el distrito había revisado sus directrices de restricción y reclusión, había implementado una formación adicional para el personal y había nombrado un nuevo defensor de la educación especial.

"El Consejo Escolar cree que sus políticas y prácticas con respecto a la restricción y la reclusión son adecuadas según todas las leyes pertinentes", decía el comunicado. "El uso de la restricción y la reclusión es un tema especialmente sensible y desafiante, pero hay veces en que esta práctica es apropiada y necesaria".

Junto con unirse a la demanda, Ononiwu dijo que lanzó una candidatura a la junta escolar en marzo de 2019 para defender a los estudiantes con discapacidades y establecer recursos de educación especial adecuados para los niños de color. Ella no ganó la elección, pero Ononiwu dijo que encontró el apoyo de las familias locales de color que tienen hijos con necesidades especiales. Ononiwu dijo que podría volver a postularse, pero por ahora está buscando justicia en otro lugar.

Las prácticas de aislamiento y contención se utilizan en las escuelas, con mayor frecuencia en los niños varones y los niños con discapacidad, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos. Unos 101.990 estudiantes en total fueron recluidos o sometidos con una restricción física o mecánica durante el año escolar 2017-2018, según la encuesta de Recopilación de Datos de Derechos Civiles. No hay leyes federales que regulen el uso de la reclusión y la contención en las escuelas, y no hay leyes federales de gran alcance con directrices específicas para el uso de la fuerza policial en los niños en general.

Por eso, dijo Ononiwu, se unió a la Alliance Against Seclusion and Restraint (Alianza contra la reclusión y la restricción), una organización sin ánimo de lucro con sede en Maryland que trabaja para acabar con el uso de la reclusión y la restricción en las escuelas. Trabaja con el grupo para defender la Ley de Seguridad para Todos los Estudiantes. El proyecto de ley prohibiría al personal escolar y a la policía que se encuentre en el campus restringir físicamente a los alumnos de formas que puedan poner en peligro su vida, como la restricción de la respiración o la sujeción en posición prona o supina.

"Estoy en mi comunidad hablando con otros padres, dándoles a conocer sus derechos. Muchos padres me llaman para pedirme consejo", dijo. "Con la restricción y el aislamiento, hay casos en los que el niño puede morir. Incluso si no mueren, puede cambiar su vida para siempre".

Ononiwu dijo que nunca olvidará lo que su hijo, que ahora tiene 8 años, le dijo momentos después de ser asfixiado.

"Nos dijo a mí y a otro adulto que creía que el oficial era el diablo y que tenía miedo de morir", dijo.

Experiencias como ésta pueden cambiar realmente "la relación y la dinámica que tienen con la educación", dijo. "Sólo quiero que esto se prevenga".

Esta historia apareció por primera vez en NBCNews.com.